En 2015, Cicig presentó el Informe “Financiamiento de la Política en Guatemala”, estudio que documentó los efectos perversos del sistema político. La comisión considera pedir una la...

Comisión extraordinaria podría ampliar su periodo de trabajo

Comisión extraordinaria podría ampliar su periodo de trabajo

La Comisión Extraordinaria encargada de proponer una reforma al segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito podría extender su periodo de vigencia debido a que el 2 de mayo vence el tiempo entre presentar un dictamen al Congreso. 

En 2015, Cicig presentó el Informe “Financiamiento de la Política en Guatemala”, estudio que documentó los efectos perversos del sistema político.

La comisión considera pedir una la prórroga porque en la generación de la iniciativa no hubo consensos por lo que lograr las firmas para el dictamen y podría generar retrasos.

 

l pasado 22 de febrero el pleno del Congreso autorizó el acuerdo 11-2018 para la creación de una comisión extraordinaria por exhortación de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual tiene vigencia de 45 días para generar una iniciativa y posteriormente dictaminarla.

El plazo se vence el próximo 2 de mayo –una semana– y desde que fue presentada la iniciativa el pasado miércoles, con únicamente, la firma de tres de los 14 integrantes de la Comisión, no se ha reunido para seguir con el trabajo legislativo.

Arturo Martínez Dell, de la bancada Todos y vicepresidente de la Comisión Extraordinaria, confirmó que existe la posibilidad de que se pida una prórroga al pleno para que la comisión siga funcionando.

Martínez Dell, indicó que la propuesta deberá ser discutida primero a lo interno de la sala de trabajo y posteriormente el Congreso deberá de dar su visto bueno.

El diputado, Raúl Romero, del bloque Fuerza, secundó a su homólogo en la prórroga y resaltó que lo principal es que el presidente de la Comisión cumpla con su obligación de convocar a sesiones de trabajo y aseguró que hasta el momento no han sido convocados.

“La última reunión fue cancelada y ahora con tres iniciativas por ser discutidas es importante que se convoque para que la comisión conozca las propuestas y discutir un dictamen. Pero debido a que el plazo de caducidad está cercano, existe la posibilidad de que se pida una ampliación”, señaló Romero.

Juan José Romero, de la bancada Visión con Valores, consideró que pedir o no una prórroga depende específicamente del trabajo que desarrolle la comisión en los próximos días y desconoce si el presidente de la Comisión analiza esa la posibilidad.

Cuestionada propuesta

El pasado miércoles el presidente de la comisión extraordinaria, junto a los diputados Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, presentaron una iniciativa aduciendo que por la falta de consensos y tiempo prefirieron apresurar el proceso.

Dicha propuesta fue señala de tratar de generar impunidad y principalmente eximir de responsabilidades a los políticos.

Un análisis jurídico al que tuvo acceso Prensa Libre señala que la iniciativa al añadir la frase “de común acuerdo” en el tercer párrafo que habla sobre el financiamiento electoral anónimo lo que implica es la creación de un elemento extra que es demostrar la intención de ocultar el financiamiento.

Por lo que esta nueva redacción añade un elemento  del tipo penal que cambia la figura y restringe en gran parte su ámbito de aplicación.

Otra situación que destaca es que insiste en dejar fuera de responsabilidad a los secretarios generales y otros políticos prominentes de los partidos pues en su redacción asegura que comete el delito “la persona que reciba o aporte”, omite la persona “que autorice recibir”.

Surge  nueva iniciativa para dictamen

El Frente Parlamentario por la Transparencia presentó otra iniciativa para reformar el artículo 407 N del Código Penal, en relación con ese tema, la propuesta que fue enviada a la Comisión Extraordinaria, para su análisis.

En la propuesta del Frente no se exime de responsabilidad en ese delito a los secretarios generales, contrario a lo que ha intentado dicha comisión.

 

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