Andrea Villagrán, diputada del bloque Todos, colocó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Congreso para frenar la aprobación de las reformas al artículo 407 N del Código Penal. Dicho artículo, aún en...

Buscan que FCN y UNE no conozcan reformas sobre financiamiento electoral ilícito

Buscan que FCN y UNE no conozcan reformas sobre financiamiento electoral ilícito


Andrea Villagrán, diputada del bloque Todos, colocó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Congreso para frenar la aprobación de las reformas al artículo 407 N del Código Penal.

Dicho artículo, aún en discusión en el pleno, modificaría la forma en que se aplica el delito de financiamiento electoral ilícito y, según la legisladora, más de 60 diputados tienen conflicto de interés y no deberían conocer el proceso por lo cual la petición a la Corte es que retrotraiga el proceso.

La acción fue criticada por varios diputados, quienes consideraron que es improcedente debido a que no se puede vedar la obligación de legislar a los parlamentarios y que es una acción que solo busca generar simpatía en un posible electorado.

En total los diputados que Villagrán aduce que tienen conflicto de interés para conocer el tema del financiamiento electoral ilícito son 66, quienes son miembros de los partidos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el extinto Libertad Democrática Renovada (Líder).

Villagrán acudió la mañana de este martes a la CC donde interpuso la acción legal “debido a las amenazas de que se pueda decretar la reforma al artículo 407 N al Código Penal que reforma el financiamiento electoral ilícito”.

“Actualmente está por conocerse el tercer debate –de la iniciativa de reforma al financiamiento electoral ilícito– lo cual hace una amenaza contundente sabiendo que hay más de 60 diputados que actualmente cuentan con este conflicto de interés”, señaló la parlamentaria.

Indicó que ante la CC argumentó que se violentó el artículo 98 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece el procedimiento que los diputados con conflicto de interés deben de realizar ante los asuntos en que tengan interés.

“En este caso la amenaza es contundente ya que se podría hacer un decreto que busque únicamente beneficiar a personas individuales y no se busque una ley en beneficio del país como tal”, afirmó la diputada.

En el amparo se precisa que hay varios diputados que tienen un proceso abierto o están siendo investigados por el delito en discusión, además de los que pertenecen a partidos políticos que han sido señalados de cometer este delito.

La congresista concluyó que, según su análisis, el procedimiento debe ser retrotraído y los diputados que no tienen conflicto, que serían más de 80, sea quienes deberían decidir si se aprueba o no dicho cambio al Código Penal.


Ver más sobre esta noticia